La construcción en Bolivia enfrenta un escenario crítico en 2025 debido a la falta de dólares y divisas, lo que ha generado una caída del 35% en las obras según la Cámara Boliviana de la Construcción. Esta situación se agrava por el encarecimiento de materiales, con incrementos de hasta un 38% en insumos importados, y la escasez de combustible que paraliza proyectos y limita la inversión privada y pública. En un contexto político importante, el 17 de octubre se celebran las elecciones generales, las cuales son vistas con esperanza ya que se espera que el próximo presidente logre estabilizar y reactivar la economía nacional para beneficiar sectores clave como la construcción.

Para hacer frente a estos desafíos económicos y técnicos, el sector constructor está adoptando nuevas técnicas y materiales. Entre estas innovaciones, destaca la implementación del sistema drywall o construcción en seco, sustituyendo progresivamente al ladrillo convencional. Esta técnica reduce costos, peso en las estructuras, y acelera la ejecución, lo que resulta fundamental para menores inversiones en materiales y mayor eficiencia estructural. Además, se incorporan otros materiales modernos que contribuyen a optimizar los proyectos en términos económicos y ambientales.

Considerando la variada geografía boliviana, construir en el altiplano, valles o llanuras presenta retos particulares, especialmente en relación con la resistencia sísmica. La reciente norma boliviana NBDS-2023 establece parámetros estrictos para diseñar estructuras que soporten movimientos sísmicos, lo que es imprescindible para garantizar la seguridad y durabilidad de los edificios en zonas vulnerables. Este enfoque normativo contribuye a elevar los estándares de construcción y protege a las comunidades ante riesgos naturales.

Las normativas y regulaciones locales son un componente central para el desarrollo ordenado del sector. Estas regulaciones incluyen requisitos técnicos, licencias de obra y controles de seguridad que deben cumplirse para que los proyectos avancen y sean sustentables. Sin embargo, la crisis económica también afecta la capacidad de las empresas para cumplir con todos estos protocolos, por lo que se requieren políticas gubernamentales que faciliten el acceso a insumos y financiamiento. Por ejemplo, el Decreto Supremo 5321 permite ajustar precios de materiales importados para mitigar la presión económica sobre los proyectos públicos y privados.

Finalmente, el futuro del sector construcción en Bolivia dependerá en gran medida de la evolución económica tras las elecciones generales. La expectativa es que un nuevo gobierno impulse reformas y políticas de estímulo a la inversión que reactiven el mercado inmobiliario, proyectos de infraestructura y generación de empleo. Analistas proyectan un crecimiento anual del sector del 5,5% entre 2025 y 2034, condicionado al manejo exitoso de la economía nacional y la estabilidad política. Por tanto, la construcción se mantiene como un motor estratégico para el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en Bolivia.